Hernan Roberto Meneses Marín

Algunos Artículos publicados en la Tarde:

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Egresados en el Superior de la UTP

La UTP realizó el domingo 19 de agosto la elección de un representante de los 24 mil egresados en el Consejo Superior de  la Universidad.

Por primera vez se pudo votar en forma virtual, previa  inscripción; se registraron 1916 egresados válidamente. El Consejo Superior es el máximo organismo de administración del claustro, conformado por nueve miembros, 3 vocerías en pie de igualdad: el Estado (Ministro de Educación o delegado, Gobernador, y  Representante del Presidente), la comunidad Universitaria (Profesores, Estudiantes y Egresados)  y la sociedad civil (gremios, ex rectores, directivos).
Los resultados de la votación electrónica abierta a 24 mil egresados deja lecciones que me propongo enumerar: 1) Solo cerca de 2 mil  inscritos de 24 mil posibles electores es una baja participación (8.3%: de cada 100, solo 8 se inscribieron). No obstante que el Consejo Superior estableció el voto electrónico desde junio de 2010, la promoción hecha por el Observatorio de Egresados y por AseUTP se hizo en los días previos a la elección. 2) Los votos depositados electrónicamente fueron cerca de 800, esto es, 40% (de cada 10 inscritos vía internet,  votaron efectivamente  4). Pero más relevante es el hecho de que solo el 3.3% de los egresados efectivamente votaron. Sin duda, plantea un problema de representatividad.
Hace falta conocer detalles de los resultados, por ejemplo cuántos vía internet y cuántos presenciales, cuántos realizados en Pereira (identificados por las IP de los proveedores locales) y cuántos fuera de Pereira. De manera preliminar, salvo información más detallada, los votantes estarían concentrados en Pereira y seguramente con vínculos en la UTP. 3) Dado que toda transacción en internet es trazable, las personasvinculadas a la UTP me manifestaron temor que su voto fuera rastreado. Expresé al señor Rector esa preocupación y de plano negó tal posibilidad, “ni porque esta fuera una dictadura” manifestó, le creo. Pero técnicamente es posible.
A manera de lecciones aprendidas, sin ánimo distinto que de construir a futuro, no es un reclamo, no es una solicitud motivada. Sugiero: 1) Que los computadores donde se realizan las transacciones sean de un tercero. Ese tercero debe escogerse mediante licitación y de manera expresa la UTP debe renunciar a obtener información sobre la trazabilidad, la cual se debe considerar como el derecho constitucional a elegir y ser elegido mediante voto secreto. (¿La Registraduría podría hacer esa tarea?). 2) Se debe contratar una Auditoria de Sistema que vigile el proceso, la validez del software, canales de comunicación, seguridad informática, procesamiento y publicación de resultados. 3) Las representaciones de los Egresados deben conocer los informes de la Auditoría antes de la realización del proceso. 4) El Consejo Superior -CS-debe abordar una reglamentación sobre inhabilidades e incompatibilidades de los aspirantes de modo que se preserve la representación de cada sector en el CS y la igualdad en el debate. Ejemplo si el CS otorga a los gremios un representante, intentar obtener otro, rompe la representatividad. 5) Las personas vinculadas a la UTP ejercen de manera múltiple el derecho al voto. Ejemplo: un profesor, estudiante (de maestría), egresado; vota tres veces (en momentos distintos).
Sugiero que para un periodo de dos años, solo pueda ejercer una. Pues de esta manera los vinculados a la UTP están sobre representándose.
Sería útil conocer un análisis sobre las inscripciones y las votaciones. Por ejemplo por programas, por grupos de edad o promoción, por ciudad, por hora de votación, en fin, el Observatorio del Egresado haría una buena tarea difundiendo un trabajo sobre el asunto.
Por último, la promoción de la próxima elección debe iniciarse desde ya, un registro del 8% es un acicate para trabajar muy duro en este frente. Ojalá la próxima elección sea una verdadera muestra de participación y de democracia. Lo importante es que el camino se abrió y los resultados serán cada vez mejores.

de Hernan Roberto Meneses, el miércoles, 23 de noviembre de 2011

LaTarde, Noviembre 23 de 2011

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Nuevo orden territorial

HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN *

En Colombia disponemos de una nueva Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial – LOOT, sobre la cual es oportuno explorar las consecuencias que tiene para nosotros en Pereira, Área Metro-politana Centro Occidente, Comité de Integración Territorial, Risaralda.

Destaquemos primero algunos de los elementos de la ley misma. 1) Es una Ley orgánica, esto es, aprobada por mayoría cali-ficada, no por mayoría simple. Dicho de otra forma, las leyes orgánicas no son fáciles de aprobar. Entre 1991 -2011 se presentaron 19 proyectos sobre ordenamiento, sin éxito. Esta ley estará vigente sin modificaciones, por un buen tiempo. 2) La ley fue promovida por los 8 departamentos de la “Región Caribe”, quienes impulsaron un Voto Caribe con 2.5 millones de votos a favor. 3) El gobierno Santos presentó la iniciativa y durante la discusión la calificó como una “ley de mínimos”, así fue aprobada.

Ahora debemos usarla, aplicarla, aprovecharla. Veamos cómo.

La ley establece un nuevo orden territorial, pues introduce entre el gobierno central y los departamentos un nivel intermedio, la región. Pero además, la reforma constitucional sobre regalías estructura el Fondo de Compensación Regional (vigente por 30 años,  asignación por NBI y desempleo para Zonas de Menor Desarrollo) y el Fondo de Desarrollo Regional para PROYECTOS REGIONA LES.

Es hora de asociarse, es hora de formular proyectos. Las asociaciones que conformemos, los proyectos que formulemos COMPETIRÁN por impacto y beneficios.

Agregar Caldas,  Quindío y Risaralda es útil, claro, pero ape-nas juntamos 2.5 millones de habitantes (Colombia: 45 millones), 14 mil km2 (Colombia: 1.14 millones de km2) y alrededor del 2% del PIB nacional.

Se trata de hacer equipo, sí, pero además es preciso entender cómo se organizan los otros equipos de la liga, Bogotá, Mede-llín, Cali, Costa Caribe.

Los recursos de los fondos de regalías pondrán en competencia recursos por más de 100 billones de pesos en los próximos 10 años, según planeación nacional. Inyectar mínimo el 1% de esa suma a Pereira, 1 millón de millones de pesos, requiere formular PROYECTOS no sólo para Pereira sino para la región dónde actuamos con liderazgo, y ese territorio desborda los límites político-administrativos.

Es memorable una frase del ministro de transporte del gobierno anterior, “ustedes, los pereiranos, además del parque temático, ¿no tienen otro proyectico?”.

Desde 1905 con la creación del departamento de Caldas iniciamos un proceso de fraccionamiento, un pedazo de Antioquia, otro de Cauca, y en 1966 se desprende Quindío, en 1967 Risaralda. Completamos un siglo haciéndonos pequeños y más pequeños, ahora es agregando, sumando y obteniendo un tamaño en equilibrio con los equipos de liga.

En el mundo empresarial las fusiones, las adquisiciones, las alianzas estratégicas son de todos los días.

A manera de ejemplo, en la facultad de ciencias económicas de la universidad de Buenos Aires se inicia la próxima semana un curso sobre gerencia estratégica basada en los éxitos del Barcelona F.C (Fútbol Club), al hacer equipo cuentan las individualidades y el conjunto en relación con la liga.

A desalambrar, a proyectar…

Adendo: el artículo sobre la empresa de energía sigue en preparación. La noticia aparecida en LaTarde del domingo dando cuenta de pérdidas por $1800 millones, nos lleva a un mayor análisis.

* Vocero Partido Verde – Risaralda.

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de Hernan Roberto Meneses, el miércoles, 16 de noviembre de 2011

Si. El único canal de conducción entre la bocatoma y las plantas de tratamiento esta sometido a una amenaza geológica y a una vulnerabilidad creciente por el invierno. (Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad), una falla en ese conector de red deja por fuera todo el sistema.

En la bocatoma se presenta una amenaza adicional, la avalancha, pero es probable que los riesgos sean menores, la estructura podría soportar condiciones críticas.

La situación de Manizales y las reacciones de la ciudadanía no parecen haber afectado decididamente, el resultado de las elecciones o las manifestaciones ciudadanas. El cubrimiento de los medios nacionales, la atención de columnistas como Héctor Abad  y Aura Lucia Mera quienes en El Espectador han señalando la pasividad de los ciudadanos, parece cambiar  cuando en la noche del 9 noviembre, el Diario La Patria, en su página web, titula en linea, “8:27 Asi se ve la marcha”  de 7000  indignados en Manizales,  refiriéndose a la protesta por la nueva tragedia donde mas de 40 personas perecieron por un alud de tierra en el barrio Cervantes.

En Pereira, una situación como el de la bocatoma de Manizales ya nos ocurrió. En 1987, un tramo de la conducción fue arrastrada por un desprendimiento en masa, para entonces, se desempeñaba como gerente de las EE.PP de Pereira el ingeniero Luis Enrique Arango y como Alcalde el ingeniero Gustavo Orozco Restrepo, la situación manejada con profesionalismo y apoyo solidario de la Nación fue resuelto en el término de 10 días.

La banca de la vía La Florida – Libaré, se encuentra interrumpida por deslizamientos en el mismo sector por donde se extiende el único canal de conducción de los pereiranos, señal clara que la vulnerabilidad en la zona es creciente y activa.

Hacemos un llamado al Diario La Tarde y a “Pereira, Cómo Vamos” a llamar en una mesa de trabajo a las autoridades nacionales, Ingeominas, Ministerio del Interior (responsables del tema de atención de desastres) y localmente a las autoridades y al operador del acueducto para evaluar el riesgo a que estamos sometidos.

Una situación como la vivida por Manizales recientemente o Pereira en el pasado influye de manera drástica en el aparato económico, en la salud, en la educación y de manera muy especial damos unas señales muy malas de fragilidad en los sistemas de provisión de los servicios básicos. Atraer inversión, turismo, en condiciones como las anotadas no es fácil.

Una situación similar se esta presentando en el servicio de energía, de lo cual nos ocuparemos en la próxima columna.

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de Hernan Roberto Meneses, el miércoles, 12 de octubre de 2011.

Adiós al Estado Social de Derecho

José Gregorio Hernández

2011-08-30

Que no se diga después que no lo advertimos: la Constitución Política de 1991, a sus veinte años de vigencia, sufre una mutación fundamental. Tan fundamental que, a partir de ahora, estamos en presencia de otra Constitución. Una muy distinta de la aprobada por los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente.

En efecto, uno de los elementos esenciales de la Carta Política -el Estado Social de Derecho- es, de ahora en adelante, apenas un adorno lingüístico dentro de un conjunto de normas que hace prevalecer el factor económico -cuyo contenido será definido en cada caso por los burócratas de turno- sobre la dignidad humana, los derechos fundamentales, los derechos sociales, los derechos colectivos y del ambiente, el acceso de toda la población -en especial la de menores recursos- a los bienes y servicios básicos.

Ha sido aprobado y está a punto de entrar en vigencia el Acto Legislativo que condiciona la aplicación y efectividad de los derechos «garantizados» y «asegurados» en la Constitución a la denominada “sostenibilidad fiscal”, un concepto maleable y manipulable que se usará siempre como argumento para negar a los ciudadanos las prestaciones inherentes al Estado Social de Derecho, que hoy pueden reclamar ante los jueces cuando se las niegan la administración o los particulares.

Desde ahora, puesto que el Acto Legislativo es de vigencia inmediata -entrará a regir el día en que sea promulgado en el Diario Oficial-, los colombianos hemos de acostumbrarnos a una Constitución que proclamará los derechos en la teoría pero que los hará nugatorios por anticipado, restringiendo al mínimo -o a la nada- las posibilidades de reclamo.

No se extrañe, amable lector, de la respuesta que le darán cuando reclame uno de sus derechos:»Usted tiene el derecho, y nadie se lo niega. Pero no está financiado. No es sostenible. No hay plata«.

Esta nueva será la Constitución del Estado neoliberal y del capitalismo salvaje, que sustituirá la del Estado Social de Derecho aprobada hace dos décadas. Es una Constitución indolente, cuyas expresiones limitarán el ejercicio de los derechos, harán impracticables las normas constitucionales supérstites que los reconocen y eliminarán de un tajo las competencias judiciales que hoy por hoy permiten a los jueces impartir órdenes tendientes a cristalizar los postulados sociales del orden jurídico fundamental.

Las normas constitucionales del Estado Social de Derecho estarán en adelante «durmiendo con el enemigo«. Es decir, la Carta Política nos reconocerá derechos con una mano y nos despojará de ellos con la otra.

Gran satisfacción, claro está, entre los tecnócratas del Ministerio de Hacienda, en las gerencias de las EPS y de la salud prepagada, en las empresas de servicios públicos, entre los intermediarios financieros, en las oficinas de los economistas neoliberales.

Parodiando a Núñez en 1885, los nostálgicos de la Constitución de 1886 ya pueden decir ahora, satisfechos: «La Constitución de 1991 y el Estado Social de Derecho que ella consagró han dejado de existir. Que en paz descansen«.