CALISTENIA CONSTITUCIONAL

Frenesí y paradoja

Los primeros días del nuevo gobierno han sido a un tiempo frenéticos y paradójicos.

Frenéticos porque el gobierno ha anunciado una cantidad tal de reformas que el país se apresta a un proceso profundo de transformaciones.

Y paradójicos, porque el contenido y la forma en que ha venido actuando el presidente Santos lo hacen parecer más cercano a los reclamos que durante mucho tiempo hizo la oposición que a la obra del presidente Uribe, de quien se dijo defensor. Algunos analistas señalan con sorna que parecería que hubiese ganado Antanas Mockus.

En muy poco tiempo el nuevo presidente logró recomponer los dos problemas más agudos de la administración Uribe: las relaciones con Venezuela y el enfrentamiento con el poder judicial.

Venezuela, nuevo clima

El caso de Venezuela ha sido emblemático.

En una semana la política exterior dio un giro de 180 grados. De las acusaciones públicas, los debates en la OEA e incluso las amenazas de llevar a Chávez a la Corte Penal Internacional por apoyar el terrorismo, el gobierno colombiano ha pasado a una vía diplomática que empieza con un encuentro directo entre los dos presidentes y deriva en una serie de medidas que incluyen el restablecimiento de las relaciones comerciales, el pago de la deuda a empresas colombianas, la creación de comisiones bilaterales de trabajo y la adopción de mecanismos de diálogo directo entre los ministerios de ambos países.

La gran paradoja es que el 85 por ciento de los colombianos, que estuvieron con Uribe en su política de mano dura, aprueba el cambio de rumbo en la relación con Venezuela.

Luna de miel con los jueces

La relación con el poder judicial señala que ha comenzado una revisión profunda del comportamiento frente a esta rama del poder público.

Poco antes de su salida del gobierno, el presidente Uribe arreció sus críticas al poder judicial e incluso trató de prevaricador a un miembro de la Corte Suprema de Justicia por enviar a la Fiscalía el estudio del caso que involucra a uno de sus hijos en la asignación de notarías. Ese fue el último episodio de una relación tormentosa. El nuevo Presidente, en cambio, tuvo como su primer acto de gobierno la visita respetuosa a las cortes para rehacer la relación; el nuevo ministro del Interior señaló que quedaban atrás las controversias contra los fallos judiciales; y días después se inició un nuevo proceso de reforma a la justicia marcado por la concertación con las instancias judiciales.

Aunque estos dos casos han sido los más sonoros, no se trata de situaciones aisladas sino que corresponden a una línea de gobierno que busca rectificar los principales problemas de la administración Uribe y regresar a las vías institucionales. Los cambios de énfasis, de prioridades y de estilo son tan evidentes que ya han salido dos voces del uribismo, el presidente del Partido de la U, Juan Lozano, y el ex ministro del Interior, Fabio Valencia, a señalar que defenderán la obra de Uribe y al ex presidente mismo.

El fantasma en la sombra

Mientras al presidente Santos todo le sonríe, al ex presidente Uribe empiezan a perseguirlo sus escándalos.

El ex ministro del Interior que tuvo a su cargo sacar adelante la reforma constitucional que permitía la reelección presidencial acaba de ser sancionado por la Procuraduría con doce años de inhabilidad en el ejercicio de funciones públicas por haber negociado una notaría a cambio de la ausencia de un parlamentario en la sesión en la que se votó dicha reforma.

Igualmente los funcionarios del DAS han negociado con la justicia y reconocido la existencia de persecuciones ilegales, situación que amenaza con comprometer a altos funcionarios del círculo del propio ex Presidente de la República.

Los avances en las investigaciones proyectan una sombra de inestabilidad sobre la nueva administración, no sólo porque el ex presidente Uribe sigue siendo muy popular, sino porque goza de un gran ascendiente sobre una parte importante de la coalición que acompaña al gobierno, principalmente sobre el partido de la U y los conservadores. En la medida en que Uribe considere que las acciones del gobierno son una contrarreforma de lo que hizo su administración y compruebe cómo se acercan las sanciones judiciales a su entorno, tratará de recuperar su espacio en la política nacional y se convertirá, sin duda, en un factor de desestabilización para Santos. Para el nuevo Presidente esta situación es clara, y mientras se consolida es mejor no molestar a Uribe más de lo necesario, por ello en el marco de los acuerdos con Venezuela logró que Chávez se comprometiera a no volver a atacar a Uribe.

Partidos sí, pero…

Sin embargo, los mayores problemas del gobierno Santos son los de corto plazo que proceden de su decisión de hacer un gobierno de unidad nacional. En la práctica, esa política se ha traducido en hacer un gobierno de partidos.

El Presidente ha convertido en interlocutores privilegiados a los partidos de su coalición (la U, conservadores, liberales y Cambio Radical), ha anunciado la concertación previa de los proyectos de ley y ha decidido que sean los directivos de los mismos quienes se comuniquen directamente con el jefe del Estado. En esto, el nuevo gobierno rompe con el anterior, que le dio mayor importancia a la relación personalizada con los parlamentarios y despreció a los partidos.

Esa nueva relación con los partidos no es un cambio de poca monta: por el contrario, constituye un intento osado de hacer una política moderna en el país. Pero su gran dificultad es la debilidad institucional de los partidos. En realidad, los parlamentarios son sus dueños, no hay partidos más allá del Congreso, y en la medida en que los congresistas consideren que están perdiendo su poder, la metodología de la unidad nacional enfrentará un grave riesgo.

Un escollo llamado Congreso

Ya se han empezado a escuchar voces que desde el Congreso critican al gobierno, porque parece continuar en campaña, como lo señaló el propio Presidente del Senado. O respuestas desde el Ejecutivo que reclama más agilidad en el trámite de los proyectos.

En el fondo de lo que se trata es de buscar un nuevo modelo de gobernabilidad, que se base en los partidos y se fundamente en la discusión programática. Sería conveniente que dicho modelo avanzara, pero tendrá que enfrentar la realidad, según la cual quienes componen el órgano legislativo no se preocupan por los partidos, sino por sí mismos, y le prestan poca atención a la discusión programática, dado que su poder depende de los recursos que extraen del Estado y no de la defensa de los bienes públicos.

Con una agenda legislativa excesivamente ambiciosa, que incluye una reforma a la distribución de las regalías mineras y petroleras (que cambiará la ecuación económica entre la nación y las regiones productoras); una ley orgánica de ordenamiento territorial que puede reconfigurar el mapa político del país; una ambiciosa reforma a la justicia; una reforma al estatuto de los partidos y al financiamiento político; y leyes de orden público, de víctimas, de tierras y estatuto anticorrupción, para no señalar sino las propuestas más importantes, el gobierno va a tener que enfrentar, tarde o temprano, la realidad de nuestra política doméstica.

Ello no implica que deba retroceder en su empeño de avanzar en un nuevo modelo de gobernabilidad democrática. Pero la realidad es tozuda: tal vez tendrá que hacer un ajuste, en el cual las aspiraciones personales de los parlamentarios recuperen su espacio.