Si la educación es el ascensor social… ¿por qué seguimos evaluando como hace 20 años?

Soy estudiante y, como la mayoría, quiero que nuestro título valga lo mismo —o más— que el de cualquier otra universidad. Pero la realidad es que la educación digital cambió las reglas del juego: hoy es posible estudiar, evaluar y certificarse en entornos digitales, y eso abre oportunidades —pero también riesgos— para la igualdad y la credibilidad de nuestros títulos.

Por eso creo que es hora de que desde la comunidad estudiantil impulsemos a la universidad a adoptar una solución de proctoring responsable. No para “espiar”, sino para garantizar que los títulos sean justos, verificables y un verdadero ascensor social.

¿Por qué debería importarnos el proctoring?

Porque un examen sin controles claros puede perder valor.

Si un título no refleja competencias reales por fallas en los procesos de evaluación, nosotros —los graduados— somos los primeros afectados: menor empleabilidad, menos reconocimiento profesional y pérdida de confianza en la universidad. Implementado bien, creo que el proctoring ayuda a autenticar quién rinde, documentar lo que sucede en la prueba y ofrecer evidencia objetiva frente a controversias. Eso protege tanto a estudiantes honestos como a la reputación de la institución.

Además, la adopción responsable de tecnologías de vigilancia académica puede ampliar el acceso: habilita certificaciones remotas para estudiantes que trabajan, viven fuera de la ciudad o tienen condiciones que dificultan la asistencia presencial.

Es decir: si lo hacemos bien, la tecnología puede hacer que la educación sea más democrática. Pero “bien” implica transparencia, control estudiantil y cumplimiento de las normas de privacidad en Colombia.

Lo básico que debe garantizar cualquier solución

No pido milagros: pido garantías concretas. La universidad debe exigir a cualquier proveedor de proctoring lo siguiente:

•  Protección de datos acorde a la ley (información sobre bases legales, derechos ARCO y la forma de ejercerlos). La Ley 1581 y su reglamentación establecen requisitos claros para el tratamiento de datos personales.
• Transparencia total: política de privacidad del proveedor, responsable del tratamiento, contacto del encargado y tiempos de retención de grabaciones. Es razonable exigir registro o información sobre la base de datos ante los canales nacionales correspondientes.
• Minimización de datos: solo lo estrictamente necesario (identificación, registro del examen, logs relevantes).
• Revisión humana antes de sancionar: los algoritmos pueden ayudar a detectar anomalías, pero considero que siempre debe existir una segunda revisión por una persona para evitar falsos positivos.
• Accesibilidad y adaptaciones: tiempos extendidos, herramientas de ayuda y alternativas presenciales para quienes lo requieran o lo prefieran.

Si pide esto, estará defendiendo nuestra privacidad y nuestro derecho a una evaluación justa. Y si la plataforma se integra con el campus que usamos, el proceso será intuitivo el día del examen y reducirá errores técnicos que nos pueden perjudicar.

Ejemplo práctico

En mi búsqueda de soluciones me informé y asistí a una demostración en vivo de SMOWL; luego lo probé desde la posición del estudiante y hablé con empleados de la empresa.

Esa experiencia directa me permitió ver la plataforma en acción y entender cómo funciona la experiencia real antes y durante el examen. Por eso lo cito: no lo menciono como publicidad, sino como caso que nos sirve para identificar las garantías que podemos exigir —transparencia, generación de evidencias, integración con nuestro portal y flexibilidad en modos de supervisión— y para pedir que la universidad evalúe pilotos concretos en los que la comunidad estudiantil participe.

Plan de acción estudiantil para conseguirlo (pasos concretos)

Si quieres que la UTP tome esto en serio, propongo este plan corto, directo y viable:

• Solicitar a la Facultad y al Consejo Académico una sesión informativa donde participen: representantes estudiantiles, una oficina jurídica, el DPO y un par de proveedores.
• Exigir que cualquier piloto incluya: voluntariedad inicial, participación estudiantil en la evaluación, canal de apelación y un informe público con resultados del piloto.
• Proponer la creación de una comisión mixta (estudiantes + profesores) que defina las métricas de éxito del piloto y evalúe impacto en equidad y privacidad.
• Si el piloto es aprobado, pedir que la UTP publique un protocolo claro y accesible que detalle procedimientos, retenciones, responsables y mecanismos de apelación.

Este enfoque estoy seguro que nos permitirá pasar de la queja a la propuesta, de la sospecha a la evidencia, y obligar a la universidad a tomar decisiones informadas con participación estudiantil.

Ventajas reales si lo hacemos con responsabilidad

Cuando se respetan nuestras garantías, creo que las herramientas de proctoring aportan beneficios palpables: mayor reconocimiento externo de nuestras certificaciones, menos litigios administrativos por sospechas infundadas, equidad entre estudiantes presenciales y remotos, y entrenamiento en ambientes remotos que replican condiciones laborales actuales. Además, abrir el debate y la participación estudiantil en la implementación fortalece la democracia universitaria: no es tecnología impuesta, es una herramienta co-diseñada por quienes la usan.

Compromiso

Si eres estudiante en la UTP y te preocupa la calidad y el valor de tu título, este es un tema que nos involucra a todos. No se trata de “aceptar cámaras” sin condiciones; se trata de exigir procesos que protejan nuestra privacidad, aseguren equidad y permitan que la educación digital sea una verdadera oportunidad de movilidad social. Propongo que iniciemos esta conversación en los semilleros, en las asambleas y por redes internas: recopilemos dudas, definamos prioridades y pidamos un piloto transparente.

Yo ya vi la demostración, la probé y confirmé que hay soluciones que valen la pena evaluar. Si las condiciones legales, técnicas y éticas están claras —y si nosotros, como comunidad estudiantil, participamos en su evaluación— el proctoring puede ser una herramienta para fortalecer, no para debilitar, la función social de nuestra universidad.