La palabra. Órgano de difusión de los profesores

COMUNICADO

La pugna del estudiantado nacional por detener la autocracia en la reforma de la Ley 30 de Educación Superior, ha logrado su primer objetivo de que se retire el proyecto del gobierno, hecho que el profesorado de la UTP acoge con beneplácito.

Consideramos necesario que el momento histórico sea capitalizado en forma oportuna y prudente para lograr un consenso nacional  que ponga en marcha la construcción de una educación democrática y científica que contribuya a los fines más preciados de la nación y al bienestar del pueblo colombiano en un ámbito de soberanía y paz.

Dentro de este proceso se hace indispensable la reapertura inmediata de las universidades, y en particular de la UTP, acompañada del retiro de la fuerza pública de sus instalaciones, para crear el clima deliberativo necesario para la normalidad académica.

Ratificamos igualmente la necesidad de la implementación de condiciones académicas democráticas para la construcción y debate de la reforma, y en general de la vida institucional que ha sido violentada durante la última década. Dentro de este marco, deben jugar un papel preponderante los claustros de profesores como espacios de autonomía académica para permitir la creación de un proyecto de universidad que responda a las expectativas de desarrollo de la nación colombiana.

Vemos con especial interés el debate y la movilización a nivel internacional alrededor de la educación pública como un derecho, con aislamiento de la concepción neoliberal de educación superior con ánimo de lucro. En consecuencia participaremos, e invitamos a hacerlo, en la gran movilización continental en defensa de la educación como derecho, el próximo 24 de noviembre.

Ante la intransigencia y la indolencia de la administración de la universidad al desconocer los derechos laborales de los docentes, quienes han contribuido con su trabajo al crecimiento y reconocimiento en la búsqueda de la excelencia, una vez más exigimos el pago de sus salarios y el respeto de sus contrataciones.

Finalmente, exigimos que la Asamblea General de Estudiantes se realice en las instalaciones y campus de nuestra universidad.

¡POR EL RETIRO INMEDIATO DE LA FUERZA PUBLICA!

¡POR AUTONOMIA Y DEMOCRACIA!

¡NO AUTORENUNCIEMOS!

La Julita, Pereira 15 de noviembre de 2011

ASAMBLEA GENERAL DE PROFESORES UNIVERSIDADAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Doctor

LUIS ENRIQUE ARANGO

Rector

Universidad Tecnológica de Pereira

Señor rector:

Soy el profesor transitorio o catedrático promedio de la Universidad Tecnológica de Pereira. Como corresponde a los tiempos, soy una estadística: no tengo nombre, porque no importa para nada, y mi identidad es la de cualquiera, puesto que sólo soy una mercancía.

Con motivo del paro estudiantil, usted expidió la resolución 2259 para suspender  las vinculaciones de todos los docentes transitorios y catedráticos, pero a ninguno de nosotros  le hizo una notificación personal. Sin mediar argumento en sentido contrario,  en el mismo acto dio una orden de trabajo, igualmente  para todos: “los profesores deberán presentarse en sus salones de clase oficialmente programados”.  Y  a renglón seguido: “Si fuere el profesor quien no se presenta, los estudiantes deberán informar la situación al decano”. De esta manera, un profesortransitorio no sólo no tenía trabajo (dada la suspensión), sino que quedaba secuestrado por las cláusulas de su ingenioso pero arbitrario “PROTOCOLO DE RESTABLECIMIENTO DE LA NORMALIDAD EN DOCENCIA”,  sin poder disponer del  tiempo necesario para afrontar los problemas personales  que se veían venir. Cada profesor, en forma individual, quedó en la encrucijada que le pertenecía a usted pero que le endosó con la hábil  maniobra de quien conoce de trampas laborales y que, según demuestran las estadísticas,  está lejos de  entender de educación o  de derechos. Era la manera perfecta de comprometer a todos sin tener compromiso con nadie.

Pero las condiciones de trabajo no pueden ser cambiadas unilateralmente a mitad de camino según la conveniencia de una de las partes: yo no soy ni estoy dispuesto a ser pescador  de estudiantes reluctantes; tampoco  es mi responsabilidad conseguir un lugar adecuado para dictar las clases o enfrentarme a la posibilidad de sufrir una agresión  de estudiantes equivocados o por parte de esos policías que incendian busetas a nombre del estudiantado. Tampoco me voy a prestar para propiciar situaciones de enfrentamiento entre alumnos que asisten y otros que no, en medio de un paro decretado por la asamblea estudiantil.

Esa falsa promesa hecha a los más incautos sobre la conservación del cargo,  que,  sin mencionarla, está  implícita en el habilidoso protocolo, y ratificada en la posterior supuesta  continuación de algunos contratos, sin mencionar el de quiénes ni por cuánto tiempo, comienza a derrumbarse ante los ojos de los que la creyeron, ahora que usted se encuentra ad portas de plantear un cierre del semestre y se le acabaron los caramelos para comprar necesidades personales, ingenuidad,  traiciones, delaciones y enfrentamientos entre sectores universitarios. Ese es el problema de la mentira: no es posible sostenerla indefinidamente. Por eso es mentira y se esconde en los más oscuros rincones.

En repetidas ocasiones los profesores le hicimos llamamientos para discutir la situación y buscar conjuntamente soluciones, pero usted nos ignoró y no se dignó responder o presentar una disculpa. Simplemente nos dio la espalda, no se sabe si por soberbia o por temor, que es lo mismo.

La exigencia de constancias, firmas, llenado de asistencias y reportes cada dos o tres días y  exigidos  en forma inconsistente y a veces contradictoria entre las dependencias, no forma tampoco parte de las obligaciones normales de un profesor. Durante el presente conflicto, yo no he  faltado en ninguna ocasión a mi sitio de trabajo,  aunque  cuando lo hice no fue por esperar  que usted procediera de la manera más recta, como en efecto no ocurrió,  sino porque tengo la certeza interior  de estar actuando de buena fe, que es mi defensa invencible frente a la ley, porque si usted quiere afirmar que no asistí, va a tener que demostrarlo en los tribunales.  Aunque esporádicamente sí me espían algunos monitores que se acercan al salón de clase a verificar quién soy y qué clase estoy dictando, ninguna otra constancia se me ha pedido en mi tiempo de trabajo normal en la Universidad, y no veo por qué  ahora sí han de hacerlo.

La ausencia de estudiantes o la no disposición de los escasos que se presentaron impidieron que dictaran la mayoría casi absoluta de clases (recuerde que soy el profesor promedio). No es culpa mía, pero en cambio si lo ha sido de su actitud de alejamiento de la realidad. Esta realidad compete a los que sí estamos  interesados en una mejor educación para Colombia, a los cuales usted quiere manipular con acciones gerenciales mientras no escucha a nadie, excepto a su propio interés de llenar indicadores y cumplir metas sin importar las consecuencias colaterales, mientras se mantiene ausente de la Universidad atendiendo supuestos asuntos nacionales e internacionales. Quiere hacer figurar a la UTP  como una universidad de excelencia, a sabiendas de que ese resultado es, salvo por honrosas excepciones, una solemne mentira disfrazada con cifras amañadas e interpretadas según cánones que nada tienen que ver con la educación. Yo sí he cumplido a conciencia con mi trabajo desde hace muchos años, pero usted no, porque no ha hecho más que engañar y  engañarse al suponer que su deber  consiste en darle gusto a los más poderosos y aplastar a los débiles. Es posible que esto le dé más poder, pero seguramente ninguna verdadera satisfacción. No creo que duerma usted muy bien.

Finalmente, para que  vea todas las cartas sobre la mesa, me proclamo defensor del movimiento que lucha contra la amañada reforma  a la ley 30 de Educación Superior, porque esta es la educación que el gobierno nacional y ustedes defienden: educación al  detal,  con profesores comprados y manejados al menudeo, en condiciones de humillación laboral, sin criterios sobre su propia condición y sin condiciones para crear su propio criterio, expertos sin capacidad de pensar, autómatas incondicionales sin posibilidad de organización o participación, para que los estudiantes sigan el mismo ejemplo después de recibir unas paupérrimas píldoras  de información, y para que quienes detentan el poder puedan continuar reproduciendo su hegemonía.

Es una vieja historia, pero la historia también cuenta sucesos más importantes de cambio y renovación: los predicen las estadísticas que usted sabe manipular tan bien.  Espérelos en  próximos capítulos.

Señor rector, por favor, ¡no siga ignorándome!

Pereira, octubre 31 de 2011.

ASAMBLEA GENERAL DE PROFESORES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Es extraordinario ver como la comunidad académica nacional se ha unido en contra de la reforma a la ley 30, con argumentos claros y contundentes, en que siempre ha primado la idea de que la universidad pública es una responsabilidad del estado y un derecho de los ciudadanos que debe ser garantizado y que desde ningún punto de vista debe tratarse como un negocio o como un medio para financiar lo que no quiere financiar el estado, a costa de la calidad de la misma.

Mientas tanto es paradójico ver como nuestras directivas académicas, encabezadas por nuestro vice-rector académico quien reemplazó de una manera sospechosa al anterior, no se manifiestan de ninguna manera con respecto a esta problemática, a diferencia de otras directivas académicas que a nivel nacional sientan su posición. En las asambleas de profesores brillan por su ausencia, con excepción  de algunos que se pueden contar en los dedos de una mano. Muchos de ellos llevan acumulados varios períodos en sus cargos de dirección gracias al “poder persuasivo” que siempre han tenido sobre los profesores transitorios con derecho a voto. La mayoría de ellos ha contribuido con su silencio, a que nuestra universidad se privatice paulatinamente; a que surjan programas autofinanciados sin infraestructura alguna; a que la profesión docente pierda su dignidad académica con el manejo que se da en esta universidad al nombramiento de profesores temporales, algunos de los cuales son bendecidos por el “dedo mágico” de estas directivas para cargos transitorios de medio tiempo y tiempo completo, siempre y cuando esa “filosofía de la lealtad” que enarbola su líder, el señor rector, sea cumplida, y que es muy conveniente para que se perpetúen en el poder académico.

Ni que hablar de nuestro vice-rector académico, máximo representante de la academia de nuestra universidad, quien no se distingue propiamente por un liderazgo académico y organizacional; muchas veces cuestionado en cartas y comunicados profesorales por sus manejos inapropiados en todo tipo de elecciones, que han hecho del ejercicio de nuestra democracia un juego en que  prima el clientelismo politiquero y sobre todo la gran ambición por el poder, que ha desfigurado la academia al interior de la misma. El señor Ardila quien representa a las directivas académicas en el consejo superior, ha propiciado, apoyado y presentado acuerdos ante el consejo superior que han quitado derechos académicos, lesionando a los profesores en distintas formas; entre ellos podemos mencionar los siguientes:

• La eliminación del período sabático de los profesores cada siete años.
• La autorización para que los catedráticos puedan dictar más de 20 horas de clase sin el reconocimiento de tiempo para su preparación, la atención a estudiantes, la asistencia a reuniones; con el argumento de que de esta forma se mejoraban los ingresos de estos profesores que “tanto lo necesitan”.
• El derecho a escoger nuestros decanos libremente sin intervención del consejo superior, quien a raíz de ese acuerdo prácticamente define los decanos de nuestras facultades. Lo irónico es que nuestro vice-rector académico actual, en compañía del consejero Juan Guillermo Ángel, presentaron este acuerdo fundamentados en el hecho de que de esa manera se evitaría la politiquería y se ampliaría la democracia en nuestra Universidad.

No se puede dejar de mencionar que nuestro vice-rector académico fue el ponente ante el consejo superior del proyecto de acuerdo que dio el derecho a voto para los profesores transitorios de medio tiempo y tiempo completo, no con un espíritu democrático sino como un medio de tener una influencia directa en el ejercicio de la democracia al interior de nuestra universidad; y en estos manejos el señor Ardila es un experto, lo demuestra el hecho de haber sido el artífice de las reelecciones del rector por parte del consejo superior; reelecciones con candidato único, sin confrontación de ideas, en las cuales no se dio oportunidad a la comunidad universitaria de postular otros candidatos; oportunidad que si tuvo nuestro señor rector cuando aspiró por primera vez a la rectoría de nuestra universidad. Lo peor es que todas estas propuestas unidas a otras que se han convertido en acuerdos por parte del consejo superior, nunca fueron discutidas por la base de directivos académicos a los que nuestro vice-rector académico representaba y actualmente sigue representando; ha primado esa “filosofía de la lealtad” en la cual no se deben hacer preguntas, ni críticas a estas directrices que vienen desde la más alta administración y que han tenido su salida gracias a este consejero.

Por el contrario el señor Ardila no ha hecho nada desde su posición privilegiada para proteger a los profesores por contrato de la universidad. ¿Cómo es posible que como vice-rector académico y como representante de las directivas académicas en el consejo superior no haya impulsado hasta ahora un acuerdo que proteja a estos profesores en épocas como las que se viven en la actualidad, en la cual muchas familias no tienen medios económicos para subsistir ante la decisión de no pagarles sus salarios?

¿Cómo es posible además, que el señor Ardila no haya impulsado un acuerdo que extienda los contratos de los profesores transitorios a 11 meses cómo sucede en otras universidades del país? Parece que al señor Ardila solo le interesa presentar y apoyar acuerdos que van en contra de la academia, pero que favorecen directamente a que la administración a la cual pertenece se atornille eternamente en el poder.

Unido a todo lo anterior vemos en las asambleas de profesores la ausencia de muchos de nuestros representantes profesorales, que tal como se ha denunciado más que nuestros representantes, muchos de ellos representan a la administración por la forma en que se han elegido; también existen denuncias con respecto a esto. La  administración supo introducir la politiquería dentro de nuestra “otrora” universidad; aquí encontró un ambiente ingenuo e inocente que en el momento en que se apoderó de la universidad contaba con una mayoría de profesores de planta más interesados por los temas académicos que por los politiqueros y que fue caldo de cultivo para lo que actualmente tenemos; ante la situación actual, a los profesores de planta les caben responsabilidades y es hora de hacer la reflexión y ser partícipes de los cambios necesarios. En síntesis son pocos nuestros representantes profesorales que han analizado de manera sería la reforma a la ley 30 de educación superior y que han apoyado las tareas que ha emprendido la asamblea de profesores alrededor de esta lucha; esos representantes que fueron apoyados por la maquinaria de votos de la administración, eso sí, estarán firmes en los momentos en que la administración requiera sus votos y en el momento de recibir los favores correspondientes.

Ante esta situación, consideramos que hace mucho tiempo llegó la hora para que la actual administración abandone nuestra universidad y no la siga perjudicando. No podemos estar de acuerdo con la continuidad del rector Luis Enrique Arango y todos sus “leales” seguidores; no podemos estar de acuerdo con la reelección del rector basada en una manipulación evidente de la autonomía universitaria, en la cual este señor se aprovecha de normas que están construidas para favorecer a los verdaderos académicos de las universidades; no podemos estar de acuerdo con una reelección indefinida de nuestras directivas académicas, ni con los encargos a dedo que se están haciendo de las mismas, con el único propósito de conservar el poder y favorecer a toda la clientela que los sostiene. Consideramos que llegó la hora de que la academia de nuestra universidad tome la administración de la misma, son muchos los verdaderos académicos en nuestra universidad, que de manera unánime no están de acuerdo con esta administración, es hora de que estas personas con la más alta formación académica, sin la ambición del poder que obnubila a nuestra actual administración, se apropien de la dirección de nuestra universidad y asuman una responsabilidad histórica, que trate de resarcir el daño que la actual administración ha hecho a la academia, daño que deja ver sus efectos hace mucho tiempo y que desgraciadamente se continuará sintiendo por muchos años más.

Exigimos el retiro inmediato de la policía de nuestra universidad y la apertura de la misma para los estudiantes.

JUNTA DIRECTIVA DE ASPU – RISARALDA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Es imposible estar de acuerdo con la gestión administrativa de una universidad donde cerca del 80 % del personal docente es temporal, con contrataciones que no van más allá de ocho meses al año. La administración de nuestra universidad les debe mucho a sus profesores por contrato, es más, se ha aprovechado de ellos. Son ellos los que han cargado sobre sus hombros en un alto porcentaje con una ampliación de cobertura que muchos consideramos irresponsable y demagógica; son ellos los que tienen que atender a los estudiantes en los corredores o cafeterías, pues la administración de nuestra universidad en la mayoría de los casos no les asigna una oficina para esta labor; son ellos los que han contribuido a que en nuestra universidad existan nuevos programas, los cuales creemos imposibles dada nuestra infraestructura y nuestra tradición en áreas bien definidas por nuestra historia académica; son ellos los que han contribuido en un alto porcentaje a que exista una universidad en la noche, que no se puede considerar pública; empezando porque existe un pago diferencial de sus profesores por contrato con respecto a los mismos que trabajan en el día.

Es a parte de ellos, profesores temporales de medio tiempo y tiempo completo, a los que la administración utiliza y presiona muchas veces en los procesos democráticos para que muchas directivas académicas cercanas a la alta administración de nuestra universidad perduren por más de una década en sus puesto directivos. Son ellos los que la administración ha nombrado sin ningún tipo de convocatoria ni concurso de méritos, tal como lo hemos denunciado en ASPU, lo cual hace que estos compañeros se vean afectados por los vicios de la politiquería tradicional tales como el tráfico de influencias y el clientelismo que se puede denominar académico, lo cual crea inequidad en su selección y asignación de contratos. Se puede hacer la siguiente pregunta de manera pública: ¿Cuáles son los criterios de ciertas directivas académicas para definir entre dos docentes, quién será profesor temporal de tiempo completo y quién un simple profesor por hora cátedra, cuando ambos aspiran a lo mismo?

La anterior pregunta tiene una respuesta que puede estar basada en lo que se podría llamar la “filosofía de la lealtad” que ha esgrimido nuestro rector en muchas ocasiones en sus discursos y de la cual creo se han apropiado muchos de sus directivos. En nuestra universidad está prohibido pensar y mucho menos criticar; las personas que lo hacen se consideran peligrosas y desleales para algunos altos directivos que se creen dueños de NUESTRA universidad y que tratan a los profesores temporales como trabajadores a destajo de una finca que parece que ellos consideran propia. Hemos observado cómo aspirantes de las más altas calidades académicas han visto truncado su deseo de ser docentes de nuestra universidad, simplemente porque habían sido críticos en alguna época de su vida universitaria. Es bueno recordarles a estos directivos que se creen dueños de nuestra universidad que “la Universidad Pública es un espacio para la libertad del pensamiento, el pluralismo ideológico, la crítica y el debate mediante la razón y la argumentación que le apuesta a la escritura y a la lectura, que une lo teórico con lo práctico y que privilegia una cultura del debate que rechaza cualquier forma de dogmatismo”, tesis formulada por los profesores Fernández y Ortega de la Pedagógica y sustentada por las sentencias como las T-492/92, C-337/96, T-689/09 entre otras.

Hay que aclarar que no en todas las dependencias académicas de nuestra universidad se ven estos vicios, pero que en algunas de ellas la sombra de este pensamiento egoísta y retrogrado oscurece todo el panorama académico. Nuestras altas directivas y sus más “leales” seguidores se aferran al poder y hacen lo que sea por conservarlo, hasta extremos como el de pisotear la dignidad de los profesores por contrato, que requieren de sus salarios para sostener sus familias, pero que gracias a su trabajo han cooperado para sostener la universidad que la administración, con el pecho henchido, muestra en forma demagógica a la sociedad.

Ante este panorama la administración de nuestra universidad tiene una alta deuda con los profesores por contrato que debe empezar a pagar, dignificando la labor de estos docentes, estableciendo criterios de equidad en su selección y en su tipo de contratación, la cual debería ser al menos de 11 meses al año como ocurre en otras universidades públicas de nuestro país. La administración de nuestra universidad les ha fallado a estos profesores, cancelándoles sus contratos, creando todo un problema de tipo social que afecta a más de 800 familias de nuestra ciudad, error que trata de enmendar con nuevos acuerdos improvisados y donde nuevamente el sesgo del secretario general afecta salarialmente a los profesores como en ocasiones pasadas ha sucedido en cuestiones de retiros, cálculos pensionales y el reciente recorte a salarios en catedráticos de la jornada especial.

Los profesores por contrato de todos los tipos no tienen la culpa de que los estudiantes hayan parado sus actividades académicas, no se puede pretender que los profesores persigan a sus estudiantes y lleguen a extremos que van en contra de su dignidad, convenciendo a uno o dos estudiantes para que acepten recibir clase y de esta manera se les renueven sus contratos; en otras universidades como la de Antioquia se protege a estos profesores con disposiciones del consejo superior que permiten mantener sus contratos en casos como el que actualmente afecta a nuestra universidad.

No podemos estar de acuerdo con disposiciones que pisotean la dignidad de los profesores por contrato. No podemos estar de acuerdo con directivas académicas que no han defendido a sus profesores y que permiten que se les trate dentro de un régimen de terror. La administración actual de la universidad ha destruido por completo el concepto de universidad pública que el profesorado de nuestra institución siempre defendió, es hora de ajustar cuentas con esta administración y pedirle de manera unánime que abandone NUESTRA universidad.

La política de la Ley 30 que ahora se pretende reforzar ha permitido todos los vicios de los que hemos hablado anteriormente, llegando a extremos como el que vivimos actualmente en nuestra universidad, esta política ha permitido con base en una mal utilizada “autonomía universitaria” que la universidad sea manejada como una empresa económica y no como empresa del conocimiento, nuestra administración ha seguido al pie de la letra estos lineamientos y tiene a nuestra universidad hundida en todos sus desafueros.

JUNTA DIRECTIVA DE ASPU – RISARALDA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Presentamos a ustedes un video que muestra la actual situación problemática de Chile. Tal problema se da con la receta actual presentada en el proyecto de reforma en los artículos que tocan con las fuentes de financiación.

Ver video: http://youtu.be/8WWFtUzky2M

Ver enlace: www.yodebo.com