El Control Social es una actividad que busca la vinculación directa de la ciudadanía con el ejercicio público, esto con el fin de servir como interlocución necesaria para garantizar una gestión efectiva. Por ello, el artículo 2 de la Constitución establece que entre los fines esenciales del Estado está “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”.

El espíritu del control social se traduce en el ejercicio consciente, permanente y juicioso de ciudadanos y ciudadanas que se comprometen con el propósito de hacer seguimiento a la actividad del Estado con el fin de que sus instituciones cumplan su sagrada misión.

¿Quiénes intervienen en el control social?

“En Colombia son varios los actores del control social:

1. Ciudadanos y ciudadanas de manera individual;
2. Comunidades, organizaciones no gubernamentales (ONG), cámaras de comercio, universidades y asociaciones gremiales que, por su iniciativa, llevan a cabo veedurías ciudadanas u otras formas inéditas e informales de control social a la administración pública;
3. Órganos o instancias institucionalizadas o formalizadas de participación ciudadana de tipo territorial, sectorial y exclusivo de control social, convocados por el Estado;
4. Usuarios de servicios públicos domiciliarios y de servicios de salud; y
5. Medios de comunicación.”[1]

[1] Cuaderno No. 8, Cuadernos de Transparencia por Colombia, Corporación Transparencia por Colombia capítulo Transparencia Internacional.

¿Cómo se ejerce el control social?

“Las experiencias de control social a la administración pública en el país muestran sus amplias posibilidades, tanto en términos de sus alcances u objetivos, como de los ámbitos, materias, entidades y funcionarios objeto del control social.

Los propósitos u objetivos del control social en Colombia abarcan una amplitud de aspectos y ámbitos que van desde la prevención a la acusación y sanción. Algunas de las formas para lograr los propósitos son los siguientes:

• Hacer visible y difundir al público información oficial.

• Recomendar medidas para hacer más transparentes la información, las reglas de actuación y/o la toma de decisiones.

• Denunciar o demandar judicial, disciplinaria o fiscalmente, con fines de corrección y/o de sanción.

• Criticar con fines de corrección o de sanción social.

• Hacer seguimiento para verificar cumplimiento de actividades con fines de prevención, corrección o información al público.

• Hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos y metas de las autoridades, con fines de debate, crítica o corrección.”[2]

[2] Cuaderno No. 8, Cuadernos de Transparencia por Colombia, Corporación Transparencia por Colombia capítulo Transparencia Internacional.